En Afganistan se acentuó la inseguridad al agravarse las actividades de la insurgencia y la delincuencia en todo el país. Los primeros tres meses de 2015 fueron el trimestre más violento del que se tenía constancia todos estos actos se les atribuían a los talibanes y a otros grupos insurgentes armadosLos talibanes lanzaron cada vez más ataques contra objetivos vulnerables y civiles. En septiembre, los talibanes se hicieron con el control de la mayor parte de la provincia de Kunduz, en un conflicto que, según cifras del gobierno, provocó el desplazamiento interno de unas 20.000 personas. La mayoría de ellas no recibió ningún tipo de ayuda humanitaria del gobierno. El Ministerio de Asuntos de la Mujer documentó miles de casos de violencia contra las mujeres en los últimos nueve meses del año. Continuaron en un clima de impunidad las amenazas, los actos de intimidación y las agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos a manos de diversos perpetradores, sin que el gobierno investigara estos hechos ni llevara a los presuntos responsables penales ante la justicia. El Parlamento reformó la Ley de Medios de Comunicación, que periodistas y grupos de derechos humanos temían que restringiera aún más la libertad de expresión. Afganistán continuó aplicando la pena de muerte, a menudo tras juicios sin garantías.